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El miércoles 16 de agosto, el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo llevó a cabo la confiscación de todos los activos de la Universidad Centroamericana UCA, una institución jesuita establecida en Nicaragua en 1960.
A través de un correo enviado a su personal, la UCA denunció que el martes 15 de agosto, durante la tarde, recibieron un documento judicial en el cual se les imputa sin fundamento como terroristas y organizadores de grupos delictivos.
La comunicación interna de la UCA expone: “Les informamos que el 15 de agosto de este año, a las 5:29 de la tarde, hemos recibido una NOTIFICACIÓN del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de la Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Gloria María Saavedra Corrales, en la que se nos comunica la incautación de bienes, propiedades, moneda nacional y extranjera…”.
La UCA considera estas acusaciones infundadas y reitera su compromiso con la sociedad nicaragüense en la búsqueda de una educación superior de excelencia y conforme a sus principios fundacionales, que datan de hace 63 años.
La respuesta no se hizo esperar: estudiantes, egresados, organizaciones de derechos humanos y otras instituciones afines a la Compañía de Jesús en América Latina condenaron la acción del régimen y exhortaron a Ortega a restituir todos los bienes a la UCA.
A pesar de ello, el régimen, haciendo caso omiso a las condenas tanto a nivel nacional como internacional, emitió un comunicado a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU), un organismo bajo su control que ha sido señalado como un instrumento de adoctrinamiento político. En este comunicado, se asegura que se garantizará la continuidad académica de los estudiantes.
Sin embargo, varios jóvenes estudiantes de la UCA consultados al respecto expresaron que lo único que esperan es la entrega de sus calificaciones hasta la fecha, para así poder continuar sus estudios en el extranjero. Esto se debe a que no tienen intención de someterse al adoctrinamiento político del régimen. Además, expresaron su pesar por aquellos compañeros que, por razones económicas, no tendrán la posibilidad de abandonar el país.
