En Nicaragua: rechazan aprobación de reformas constitucionales que restringen la participación de opositores en elecciones.

Líderes opositores y organismos de derechos humanos nicaragüenses en el exilio rechazaron la aprobación de reformas constitucionales en Nicaragua, que prohíben a opositores participar en las elecciones y, además, alargan el mandato de los funcionarios públicos de seis a siete años.

Los diputados sandinistas, en una sesión especial celebrada en la occidental ciudad de León, aprobaron las reformas, durante la cual criticaron a los opositores y los amenazaron, siguiendo el discurso de la copresidenta Rosario Murillo, quien desde la semana pasada ha incrementado sus ofensas contra los opositores.

Desde que se conoció que la Organización de Estados Americanos, OEA, convocaría a una sesión de cancilleres para abordar la crisis política de Nicaragua, Murillo ha arremetido contra los opositores y los países que apoyan la iniciativa, calificando la medida como injerencista.

Al respecto, la opositora exiliada y exguerrillera Dora María Téllez dijo que Rosario Murillo ha entrado en pánico por el rechazo internacional a las medidas que ha tomado el régimen para atrincherarse en el poder, con intenciones vitalicias.

La aprobación de las reformas constitucionales generó el rechazo inmediato de algunos países de América Latina, como Costa Rica y Perú, quienes lamentaron que con dichas reformas se obstaculice la participación de opositores en las elecciones.

Ante este panorama, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y otras cinco organizaciones enviaron una comunicación a las delegaciones diplomáticas ante la Organización de Estados Americanos, OEA, para reconocer la resolución aprobada por 29 votos, que convoca a una Reunión de Cancilleres sobre Nicaragua. Wendy Quintero, vocera del Colectivo, dio lectura al comunicado.

Tras más de ocho años de represión y graves violaciones de derechos humanos documentadas internacionalmente, las organizaciones civiles nicaragüenses en el exilio consideran urgente que los Estados adopten acciones concretas para contribuir al restablecimiento de la democracia y garantizar los derechos humanos en Nicaragua.

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