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El parlamento nacional, controlado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, aprobó una reforma constitucional que elimina los poderes del Estado y crea órganos dependientes del régimen.
A partir de esta reforma, aprobada por los diputados sandinistas, se crean nuevos órganos del Estado que estarán subordinados a la presidencia de la República, que controlan Ortega y Murillo.
Con esta reforma, el régimen de Ortega da por enterrada la frágil democracia que se había intentado construir a partir de 1990 y que, aunque con dificultades, continuó durante tres gobiernos sucesivos hasta que Ortega asumió nuevamente la presidencia en 2007.
Los diputados sandinistas, fieles a la dictadura de Ortega y Murillo, elogiaron la nueva reforma, elaborada a la medida de la pareja dictatorial.
Desde el exilio, los grupos opositores calificaron la reforma aprobada en el parlamento como un golpe de Estado en Nicaragua y lamentaron que el país regrese a la oscuridad de los años 80, cuando un partido mantenía subordinada a la población.
La exguerrillera disidente sandinista Mónica Baltodano, desde el exilio, lamentó la aprobación de esta reforma, la cual, según ella, otorga poderes absolutos a Ortega y Murillo, quienes buscan establecer una dinastía en Nicaragua.
Además de la desaparición de los poderes del Estado, con la reforma constitucional aprobada, se legalizan una serie de abusos que ya cometía el régimen de Ortega, como la expulsión de opositores del país, la eliminación de la competencia política, la legalización de grupos paramilitares armados, la aprobación de las confiscaciones de bienes a cualquier persona que se oponga al gobierno, entre otros abusos.
