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Esta semana finalizó el juicio en que se demostró que seis acusados cometieron delitos contra la administración pública para lograr que la empresa desarrolladora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, fuera beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque.
Entre los seis acusados se encuentra Roberto David Castillo, que ya fue condenado como coautor en el asesinato de la ambientalista Lenca, Berta Cáceres.
En un comunicado el Ministerio Público de Honduras reveló que “Las investigaciones de las denuncias que presentó Berta Cáceres en su momento, permitieron develar las presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad indígena Lenca.”
Representantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -COPINH- estuvieron en las puertas del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción; desde ahí Bertha Zúniga Cáceres, Coordinadora General del COPINH, resaltó que la causa Fraude Sobre el Gualcarque es el primer caso de corrupción que involucra el extractivismo en Honduras. A través de este, se busca elevar otros casos de saqueo e ilegalidades que se han materializado en proyectos extractivos que han violentado los derechos de otras comunidades.
Desde el COPINH destacaron que la corrupción que fue perpetuada por ex funcionarios del Estado benefició a los empresarios que siguen robando los recursos de los pueblos indígenas de Honduras. Este fallo demuestra la responsabilidad del proyecto Agua Zarca y sus dueños y que es urgente que la concesión de Agua Zarca sea anulada ya que fue ilegal desde su comienzo.
Pasamos a las palabras de Bertha Zúniga Cáceres, Coordinadora General del COPINH, en las puertas del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción.
