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Las pasadas y actuales administraciones gubernamentales panameñas han aplicado distintas medidas para callar la voz de dirigentes sociales y todo aquel que proteste, las mismas van desde represión violenta a las movilizaciones populares a hostigamiento y levantamiento de expedientes donde se les acusa de delitos contra la seguridad colectiva, contra el patrimonio económico y contra la seguridad del Estado, entre otros.
En la pasada huelga nacional de noviembre de 2023 contra la minera First Quantum Minerals, se evidenció una vez más la criminalización de la protesta social.
La nota con Olmedo Carrasquilla desde Radio Temblor Internacional.
