Acogido a una serie de instrumentos legales que deberían proteger los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio; el gobierno de Costa Rica no solo queda en deuda, sino que genera directrices que revelan años de xenofobia institucionalizada.
El detalle en el reportaje de Valeria Morales Núñez de la Asociación Voces Nuestras.