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El próximo lunes 31 de marzo a las 6:00 p.m., cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) comparecerán en una audiencia pública ante el Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón de Alajuela. La Fuerza Pública inició el proceso judicial contra los manifestantes, acusándolos de “obstrucción de la vía pública” en contra de “la libertad”. Esta acción representa un grave intento de criminalizar la protesta social en el país.
Los estudiantes fueron detenidos el 21 de noviembre de 2019 mientras ejercían su derecho a la protesta en San Ramón de Alajuela. La manifestación, pacífica y organizada por el movimiento estudiantil, buscaba denunciar los recortes al presupuesto de la educación superior. A pesar de que la protesta no generó bloqueos totales ni afectaciones al tránsito, la policía respondió con un uso desproporcionado de la fuerza, empleando gases lacrimógenos y persecuciones para dispersar al grupo de manifestantes que no superaba las 25 personas.
El abogado defensor Edgardo Araya, interpuso en diciembre de 2019 una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 256 bis del Código Penal, que tipifica como delito “impedir, obstaculizar o dificultar” el tránsito en vías públicas. Esta acción buscaba sentar un precedente para la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión en Costa Rica.
El caso estuvo suspendido mientras la Sala Constitucional analizaba la acción presentada por la defensa. Sin embargo, en agosto de 2023, la Sala resolvió que el delito es constitucional, siempre y cuando no se use para criminalizar la protesta social. Tras el fallo, el juicio contra los estudiantes fue reactivado.
Hoy, los cuatro estudiantes que fueron detenidos, sus familias, el movimiento estudiantil y organizaciones sociales hacemos un llamado a la comunidad universitaria, sectores populares, defensores de derechos humanos y sociedad civil a movilizarse y acompañar a los estudiantes en los tribunales de San Ramón el lunes 31 de marzo a las 6:00 p.m para defender el derecho a la protesta, la libertad de reunión y el derecho humano a la comunicación.
No podemos permitir que se criminalicen las luchas por la educación pública y los derechos fundamentales. Defender la protesta es defender la democracia.
