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- Cuando los grupos de poder económico se apropian e influyen en la elaboración de políticas gubernamentales, las leyes tienden a favorecer a los ricos, muchas veces a costa de los demás. En esta entrevista, el politólogo Esteban Arias Chavarría habla sobre el tema, de cara a las elecciones presidenciales.
Fabiola Pomareda García / [email protected]
En Costa Rica, al igual que en otros países, la clase alta empresarial fortalece su dominación social, económica y política sobre los grupos sociales subordinados, en medio de una brecha económica que polariza a ambos sectores.
Por eso, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 4 de febrero vale la pena recordar los mecanismos que hay entre los grupos de poder económico nacionales y el sistema político costarricense, para que se impongan los intereses agendados desde las cúpulas empresariales, y éstas logren beneficiarse de las capacidades del Estado.
Entrevistamos al politólogo Esteban Arias Chavarría, autor del informe de investigación ?Grupos de poder económico y financiamiento de partidos políticos en Costa Rica?.
?En efecto el poder se basa en los recursos y el recurso económico es quizás el fundamental a la hora de tratar de influir en la política. Los mismos partidos políticos buscan a los empresarios para su propio financiamiento, para tratar de financiar sus actividades -no sólo electorales sino en su día a día-. Es un regateo, tanto de los empresarios que buscan la política, como de los mismos agentes políticos que tratan de ofrecerles planes y programas atractivos para recolectar sus recursos también. Al final de cuentas, los intereses empresariales se terminan imponiendo, a pesar de la democracia?, dijo Arias.
El trabajo de quienes se dedican al estudio de las élites económicas evidencia que la desigualdad social se refleja electoral y políticamente a través de mecanismos como el financiamiento de campaña y los vínculos rentistas.
?Sí, en efecto la riqueza social tiene sus consecuencias y de alguna manera ésta establece las dinámicas principales a la hora de hacer política pública y se ve reflejado de múltiples maneras. Menciono un caso muy paradigmático que pasó en la campaña de 2010. Laura Chinchilla recibió 23 millones de colones de Purdy Motor, de los hermanos Quirós, y luego un periódico nacional sacó información sobre contratos millonarios que hizo Purdy Motor con el estado costarricense durante la administración Chinchilla?, recordó el politólogo.
?Desde un análisis político?, comentó Arias, esto lo que refleja es una relación rentista; es decir, grupos empresariales que se acercan a los partidos políticos para tratar de acceder a rentas económico-financieras. Pero también puede ser que se vea plasmado a través de decretos. Creo que el caso del Cementazo -tan sonado en los últimos meses- es también otra forma en que los empresarios se ven beneficiados de partidos políticos que les beneficien o que por lo menos no contraríen sus intereses más esenciales?.
Otro ejemplo es el de la familia Raventós. Una investigación del medio digital Ameliarueda en 2015 difundió que la esposa de Álvarez Desanti, Nuria Marín Raventós, es parte de un negocio inmobiliario que inició su abuelo y que actualmente alquila tres edificios al Estado: dos al Ministerio de Educación Pública (MEP) y uno al Ministerio de Hacienda. Entre ambos contratos se suman mensualmente más de 200 millones de colones. En agosto del año pasado, Álvarez Desanti, presentó un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad para que se elimine una prohibición en la Ley de Contratación Administrativa, que prohíbe a representantes de los supremos poderes a suscribir contratos con el Estado.
No es un Gobierno anti-empresarial pero…
También es interesante saber si estos grupos de poder económico se reacomodaron durante el gobierno de Luis Guillermo Solís y un análisis de cómo ha sido la relación de esta administración con ellos.
?Creo que en primer lugar hay que decir que el PAC [Partido Acción Ciudadana] no es un partido anti-empresarial como tal. No es un partido político que intentó siquiera superar las principales contradicciones de la economía costarricense o tratar de contrariar los intereses empresariales. Sin embargo, aunque no es anti-empresarial, tampoco es de la confianza del sector empresarial?, apuntó Arias.
?Entonces, lo que vimos en los primeros meses de la administración de Luis Guillermo Solís fue un partido tratando de ganarse la confianza de los sectores empresariales del país y esto se hizo desde la misma campaña electoral. Recuerdo a Luis Guillermo Solís antes de la segunda ronda electoral reuniéndose con la UCCAEP [Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado] , tratando de demostrar que él no era alguien de temer, que no iba a alterar los intereses empresariales, las principales dinámicas económicas del país?, continuó.
?Y a pesar de eso, en esos primeros meses no tuvo la confianza. En esos primeros meses el empresariado organizado a través de cámaras empresariales presionó mucho al Gobierno con el fin de que el comportamiento del Gobierno no se saliera de los cauces normales para ellos. También, Luis Guillermo Solís intentó ganarse la confianza, incluyendo a actores políticos cercanos a estos grupos, dígase Ana Elena Chacón, dígase el Ministro de Comercio Alexander Mora, que era muy cercano al presidente de la UCCAEP de ese entonces. Eran intentos del mismo Gobierno de demostrar a los grupos empresariales costarricenses, que no eran un Gobierno a temer?, mencionó.
?Las relaciones entre Gobierno y grupos de poder empresarial se normalizaron un poco después de ese primer año, en el que fueron bastante tensas Pero el Partido Acción Ciudadana no es de la confianza entera de ese sector, a pesar de los esfuerzos que ha hecho para quedar bien; para tener una buena imagen ante el sector empresarial; y a pesar de la gestión económica relativamente favorable. Porque Costa Rica ha tenido un crecimiento económico importante, una inflación baja, no es que ha sido un Gobierno que ha golpeado los intereses de los sectores económicamente dominantes?, indicó Arias.
¿Seguiría dominando el PLN?
En el 2010 y 2014 el financiamiento de los grandes grupos de poder económico se concentró en el Partido Liberación Nacional, según los datos analizados en la investigación de Arias. Se le consultó si eso se mantiene en la actualidad.
?El empresariado es políticamente cauteloso y eso se refleja también en el financiamiento de campañas electorales. Me parece que el PLN sigue teniendo el mayor voto de confianza del sector empresarial. Cuesta mucho que otros partidos políticos logren conseguir financiamiento o recursos de parte de estos grupos. No creo que esto cambie mucho en esta campaña. La razón por la que digo que el PLN probablemente siga siendo el privilegiado de los sectores empresariales es porque hay empresarios que son de hueso verde, que van a financiar a cualquier candidato. Es probable que haya alguna fragmentación de intereses, lo que demuestra por ejemplo el financiamiento de este empresario autobusero a Juan Diego Castro?, opinó Arias.
De acuerdo con datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hasta el 19 de diciembre de 2017 el autobusero Raymond Salim Simaan había girado ¢366 millones al Partido Integración Nacional (PIN), cuyo candidato es Juan Diego Castro.
El candidato del PAC, Carlos Alvarado, dijo en conferencia de prensa, que con eso Castro se compromete con un sector que no quiere que se resuelvan los problemas de movilidad urbana y del transporte público y que el próximo Gobierno deberá decidir si renueva o no las concesiones de muchas de esas líneas de autobuses.
Según Alvarado, ?la práctica de la política tradicional ha sido que los grandes de este sector financian las campañas de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque mucho de lo que viene con estos permisos y estas concesiones depende de la influencia política”.
Arias Chavarría agregó: ?Por ejemplo, está también la pregunta sobre el doctor Hernández, que tiene un gasto en publicidad enorme, y habrá que indagar de dónde vienen esos recursos, si vienen de cuenta propia?.
Rodolfo Hernández, del Partido Republicano Social Cristiano, ha invertido aproximadamente ¢323 millones en televisión, radio, prensa escrita y vallas publicitarias, entre el 4 de octubre -cuando empezó la campaña- y hasta el 11 de diciembre. Esto según monitoreo de la pauta publicitaria de todos los candidatos, realizado por la firma IBOPE, a solicitud del TSE.
Hernández ocupa el primer lugar en gasto publicitario. Le siguen Antonio Álvarez Desanti, Rodolfo Piza y Juan Diego Castro.
Arias Chavarría mencionó: ?Algo que me llama la atención en términos de financiamiento es encontrar que hay grandes recursos que llegan a los partidos políticos y que son de los propios candidatos de cada partido. Por ejemplo, vi una donación de 100,000 millones de colones que venía del mismo Álvarez Desanti. Lo que refleja es a los candidatos financiándose sus propias campañas. Habría que ver, una vez teniendo la información analizada, si les está costando tener recursos del sector empresarial. De repente esto evidenciaría cierta incertidumbre, e incluso apatía?.
Sin embargo, el 2017 puede haber sido el año con más donaciones y contribuciones a los partidos políticos de Costa Rica. Según números del TSE, entre enero y julio de 2017 los partidos recibieron ¢1.805 millones. Esta cifra supera las donaciones recibidas por los partidos anualmente desde el 2006, según un reporte del periódico El Financiero, escrito por Daniel Salazar. La mayoría de esos recursos fueron al PLN. Según ese mismo artículo, Álvarez Desanti es el principal contribuyente a las arcas del PLN. De acuerdo con el TSE, no existen límites para que una persona física pueda realizar donaciones.
¿Dónde queda el PUSC?
Y por último, tras la fragmentación del Partido Unidad Social Cristiana y las consecuencias electorales de los casos corrupción, ¿qué ha pasado con el PUSC? ¿Cuál es el capital económico detrás de este partido?
?El PUSC originalmente era el partido político de los grandes empresarios del país. Era el privilegiado. Incluso la familia Jiménez Borbón siempre donaba al PUSC hasta que a partir del 2010 donó al Partido Liberación Nacional. Los vínculos y la cercanía la tienen; la afinidad ideológica entre los sectores la tienen. Lo que explica que hayan dejado de financiarlo es que el PUSC bajó en votantes, en su caudal electoral. Esa menor afinidad electoral fue motivada por los grandes casos de corrupción?, señaló.
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), del PUSC, fue acusado y procesado judicialmente de haber recibido sobornos de la firma francesa Alcatel y la empresa Fishel para la adjudicación de contratos. Mientras que Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) también fue acusado y procesado judicialmente por cargos de peculado y enriquecimiento ilícito por el Caso Caja-Fischel.
?Si el PUSC se presentara de nuevo como una alternativa viable electoralmente, el capital tarde o temprano va a llegar. Esa es otra tendencia que se ha estudiado: el capital se mueve ahí donde vayan creciendo los votantes. Un partido que vaya creciendo electoralmente va a sufrir presiones del sector empresarial. Si el PUSC crece va a ser un aliado del gran capital y un depositario de los grandes intereses empresariales. Nada dice que no pueda pasar de nuevo?, reflexionó Arias.
