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Secretario de Tribunal Permanente de los Pueblos, de visita en Costa Rica, hablará sobre la salud comunitaria frente al poder de las corporaciones.
Fabiola Pomareda García / [email protected]
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es una forma de visibilizar los crímenes cometidos por corporaciones y de encontrar formas de desmantelar su poder. Esta semana está en el país Gianni Tognoni, secretario general del Tribunal, quien habló sobre esta organización independiente, que defiende los derechos de las personas como individuos y como colectividades, frente a Estados y transnacionales.
En entrevista con Voces Nuestras, Tognoni, doctor en filosofía y en medicina, explicó cómo funciona este Tribunal, creado en Italia en 1979.
?El Tribunal Permanente de los Pueblos es un mecanismo internacional que se estableció muchos años atrás, siguiendo a los tribunales que se hicieron contra las dictaduras en Latinoamérica, para responder a unas exigencias que salieron directamente de las poblaciones oprimidas de Latinoamérica y de otros países, que reconocían que no hay a nivel internacional, una instancia, una institución, un tribunal ni una tribuna de visibilidad, para aquellos problemas que no tocan los intereses de los Estados, sino que tocan las violaciones que el derecho estatal o el derecho internacional impone a estas poblaciones?, contó Tognoni.
De esta forma, el TPP es un espacio para la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos, ante la ausencia de herramientas legales para defenderlos. Se creó para que los pueblos tengan una tribuna para que presenten sus casos concretos como sujetos de su historia y hasta la fecha ha sostenido 40 sesiones.
Ha procesado casos, como por ejemplo, sobre el derecho al salario mínimo de mujeres trabajadoras de las maquilas; de poblaciones oprimidas por transnacionales que quieren defender sus derechos ante el Parlamento Europeo; y sobre el maíz en México, frente a las políticas de libre comercio, entre muchos otros.
?El Tribunal funciona como una respuesta a preguntas que salen de las comunidades de diferentes países, que pueden ser países invadidos, por ejemplo, en el caso de Afganistán por la Unión Soviética; o países que no son reconocidos como Estados; o que están bajo una dictadura con una aparente democracia, como las Filipinas; o como el pueblo tamir, que ha sido objeto de genocidio por parte del Estado de Sri Lanka; o ahora que estamos armando un tribunal sobre los migrantes en Europa, que no son reconocidos como sujetos de derecho, sino que son migrantes de guerras o por causas económicas o de destrucción del medio ambiente, que no pueden vivir en sus países?.
El TPP da así recomendaciones de lucha y de organización, para que las comunidades no se sientan abandonadas.
Si bien no tiene capacidad legal de una manera concreta, sirve de apoyo a las comunidades afectadas, para documentar los abusos cometidos, para aumentar la presión y para que reafirmen su capacidad de resistencia.
Tognoni detalló cómo funciona.
?Nosotros armamos sesiones que permitan a estas poblaciones presentar sus testimonios, sus razones y después traducir esto en derechos, que puedan ser presentados a nivel del Estado o de las comunidades internacionales, y tener más poder para luchar y reafirmar sus derechos. El Tribunal evidentemente no tiene el poder de aplicar sus dictámenes por el hecho de no tener un poder estatal; pero eso es algo que caracteriza ahora a muchos de los tribunales oficiales, que dictan algunas recomendaciones que no se cumplen?.
El proceso para presentar un caso es sencillo, dijo Tognoni. Lo puede presentar una comunidad grande o pequeña; pero que sea representativa de una situación muy concreta y que pueda documentar que sus derechos no encuentran respuesta a nivel de las instituciones. La comunidad presenta un pedido explicando por qué quiere una intervención del Tribunal. El TPP examina el pedido para documentar que tiene fundamento. Luego organiza sesiones públicas donde la gente de las comunidades se presenta. Después el TPP organiza un jurado compuesto por jueces reconocidos a nivel internacional -pueden ser magistrados o representantes reconocidos de los derechos de los pueblos-; formula un juicio; y se da seguimiento al caso.
El Tribunal no asume costos. Es necesario encontrar recursos suficientes para costear los gastos de los viajes, básicamente.
A estos juicios se pueden presentar ambas partes, destacó Tognoni.
?Hay también una defensa. El Tribunal prevé en sus estatutos que haya una defensa por parte de los acusados. Si los acusados -como ocurre muchas veces cuando se trata de los Estados- no envían su defensa, el Tribunal encarga directamente a expertos que preparen la posición de los Estados oficiales, para que el juicio sea efectivamente un juicio comparativo de las razones de las personas que piden y de las razones de los oprimidos, para que el juicio sea bien fundamentado. Es interesante que a lo largo de los más de 40 casos que hemos tenido nunca ha ocurrido que los acusados hayan podido documentar que hubo fallas en el juicio del Tribunal , lo que le da una credibilidad para seguir adelante?.
Actualmente, la mayoría de los estados han renunciado paulatinamente a defender los derechos de las y los ciudadanos; y sirven más a los poderes económicos internacionales y a los derechos del mercado. Incluso, como afirmó Tognoni, no hay un tribunal internacional que pueda contraponerse a los mecanismos legales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que apoya todos estos derechos de actores internacionales privados.
Esto da pie a una discusión sobre la crisis explícita del derecho internacional, al concepto de legalidad opuesto al de legitimidad, y a cuestionar cada vez más la legalidad de los tratados económicos internacionales.
?Este es un problema que estamos discutiendo mucho y es que hay una crisis explícita del derecho internacional, que nació bajo una lógica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, imaginando que los Estados son representantes legítimos de la voluntad popular. Ahora este mecanismo de democracia ha entrado en una crisis grande y profunda, por el hecho de que la legalidad está oponiéndose a la legitimidad. La legitimidad está en defensa y en representación de los pueblos y de las personas; tiene que ver con la vida de las personas. La legalidad de los tratados internacionales económicos se interesan solamente por la circulación de los bienes, del comercio y del mercado o de los bienes y los intereses financieros, de manera que hacen desaparecer los pueblos?.
?El Tribunal es una herramienta para hacer visibles a los pueblos con sus vidas reales, en momentos en que los intereses económicos ejercen un el rol de opresión de una manera específica y planificada. Estos intereses son cada vez más de grupos privados de poder que excluyen una capacidad de autonomía de los Estados. Esa es una crisis de la democracia y el Tribunal se encuentra en el cruce de estas contradicciones?.
Tognoni fue invitado al país por la Oficina de Asuntos Internacionales y la Escuela de Salud Ambiental de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera (FRENASAP), el Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales (CEDARENA), la Red de Coordinación en Biodiversidad y COECOCeiba – Amigos de la Tierra.
Mañana jueves 31 de agosto a las 4 de la tarde, Tognoni compartirá en el foro sobre ?Salud comunitaria frente al poder de las corporaciones?, en el auditorio de la Biblioteca de Ciencas de la Salud, en la UCR.
