Volver
Fabiola Pomareda / [email protected]
Muchos compartimos con alegría la noticia de que un Tribunal resolvió que legalmente no se puede desalojar a las familias campesinas que viven en Finca Chánguena y Cuadrante 3, en Palmar Sur.
Pero esa victoria no borra todo lo que ha pasado y creo que en este conflicto hay varias personas que deberían salir a dar la cara y explicar bajo qué circunstancias y siguiendo órdenes de quién se dieron las acciones violentas de desalojo, destrucción y represión de los últimos dos años.
El pasado viernes 8 de julio un Tribunal Contencioso Administrativo resolvió que las órdenes de desalojo planteadas por el empresario Óscar Echeverría Heigold se dirigían a otras familias que ya no viven ahí y que, por lo tanto, ningún desalojo actual sería legal. Es decir, que el Estado no puede desalojar a nadie y si lo hace estaría cometiendo un abuso.
Bien por las y los abogados y demás personas que le dieron seguimiento a este caso y que trabajaron para que se lograra ese resultado.
Pero recordemos que a estas familias les violentaron injustamente. Les voltearon sus casas patas arriba, les rompieron muebles, les tiraron la ropa, les robaron refrigeradores, motosierras, bicicletas.
Recordemos cuando les machetearon y les arrancaron sus matas de plátano, yuca, arroz frijoles, maíz, tiquisque, ñampí y ayote y cuando les quemaron los ranchitos que tenían en sus patios.
¿Se acordarán los oficiales de la Fuerza Pública y los antimotines cuando golpearon a sus propios vecinos en el puente sobre el río Térraba y les reventaron la cabeza?
—
La historia de Finca Chánguena es una historia de desesperación. De la desesperación de muchas personas ante un sistema violento y desigual donde el Gobierno y grupos económicos de poder promueven la desigualdad y la concentración de tierras en pocas manos, escudándose en la cultura democrática hipócrita y de defensa de la propiedad privada.
El Tribunal Contencioso Administrativo dijo que el desalojo no tiene razón de ser, porque las personas que estaban en la lista para ser desahuciadas en el 2001, no son las mismas que viven el terreno hoy en día. Como bien dice el diputado del Frente Amplio Edgardo Araya, ?la gran pregunta es ¿cómo fue que hicieron el primer desalojo si no se aplica a esa gente y precisamente eso es lo que hemos estado diciendo??
Estamos hablando de esta gente que apenas tiene para comprar las cosas básicas para comer, y aún así durante años estuvieron viendo a ver cómo se pagaban los pases para viajar en bus hasta el Juzgado de Corredores a ver si podían frenar el desalojo, o viniendo a reuniones ridículas e inútiles con gente del Gobierno y mediadores a San José.
Y además de esa pregunta que plantea el diputado, también hay otras que todavía están sin responder. ¿Quién es Oscar Echeverría Heigold y por qué y cómo tuvo poder para conseguir que el Gobierno, el Ministerio de la Presidencia, la Procuraduría, el Ministerio de Seguridad, la Fuerza Pública y funcionarios de tribunales hicieran exactamente lo que él quería? Sería interesante hacer una lista de todas las personas que durante este tiempo le han seguido el cuento y lo defendían.
¿Acaso la gente que está dirigiendo este país no tiene la capacidad para darse cuenta de que se estaba cometiendo una injusticia y que los argumentos que defendían estaban llenos de sinsentidos y absurdos legales?
—
Cuando la United Fruit Company se fue en 1984, pedazos de estas fincas pasaron a la Cooperativa Autogestión de Productores de Palma y Cacao de Palmar Sur (COOPALCA). En 1991, esta cooperativa las arrendó a las empresas Bananera Chánguena y Bananera Térraba, propiedad de Echeverría Heigold, que explotaron las tierras por 10 años, hasta que quebraron. En el 2001 y después de haber dejado de recibir sus salarios, los trabajadores de Bananera Térraba se fueron a huelga. Después de dos meses de huelga fueron despedidos sin responsabilidad patronal. Fue cuando tomaron posesión de la tierra para cultivarla y compensar la deuda que su patrono no les honró. El empresario gestionó un desalojo; pero pasaron los años y el proceso se estancó. En el 2014 Echeverría Heigold amenazó con demandar al Estado si no ejecutaba el desalojo. El Procurador General reactivó el proceso y firmó un acuerdo conciliatorio con el empresario. Empresario que por cierto aparece relacionado con seis sociedades anónimas con morosidad ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). La deuda de Bananera Chánguena con la CCSS es de ¢165.304.738, y la de Bananera del Térraba S.A. es de ¢315.173.585.
A fines de julio de 2015 un Tribunal Contencioso Administrativo ordenó la ejecución del desalojo y fue cuando personas de COOPACALCA escoltadas por la Fuerza Pública arremetieron contra las familias y sus viviendas y cultivos.
Luego vino la primera toma del puente sobre el río Térraba, en agosto. Las familias campesinas afectadas cerraron un carril de la carretera Interamericana para pedir al Gobierno que detuviera la medida. La segunda toma fue en noviembre de ese año. Y otra más en febrero de este año, que terminó con varias personas arrestadas.
—
El diputado Edgardo Araya dice que se empezará una investigación para ver dónde está la responsabilidad de los hechos y cómo se hizo el desalojo el año pasado. También dijo que el acuerdo conciliatorio entre la Procuraduría y Echeverría Heigold, no tiene validez y que se pudo haber impugnado. Léase, el Gobierno pudo haberlo impugnado.
Después de lo que pasó el 8 de julio y bastante tarde por cierto, el INDER declara que hay conflicto agrario en esa finca y que según la Ley de Tierras y Colonización durante un año no se puede hacer ningún desalojo hasta que ellos no decidan si compran la finca o reubican a las personas.
Ha quedado más que claro de lado de quién ha estado el Gobierno en este conflicto. Lo que no queda claro es por qué. Celebramos el triunfo legal del viernes en este caso; pero sobre todo celebramos que las familias campesinas de Finca Chánguena ya no creen en explicaciones vacías y cobardes de las autoridades de este país.
