Tribunal confirma en audiencia preliminar, juicio contra cinco activistas.

Noelia Alfaro Herrera / [email protected]

Esta mañana en audiencia preliminar, un tribunal decidió que 5 de los 6 activistas que participaron en la marcha del 8 de noviembre de 2012, para reclamar el cese de recortes presupuestarios en hospitales irán a juicio acusados del delito de resistencia a la autoridad.

 

Se trata de dos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana; los profesores universitarios Adrián Jaén España y Mario Alberto Villalobos; y el docente de secundaria Denis Solís Cruz. El único que resultó absuelto de todos los cargos en esta audiencia fue el ex dirigente sindical e integrante del partido Vanguardia Popular, Luis Alberto Salas.

 

Mientras se realizaba la audiencia privada, en las afueras de las Salas de Juicios se llevó a cabo un mitin en solidaridad y en rechazo a la criminalización de la protesta. En la actividad participó la diputada frenteamplista Ligia Fallas, quien también estuvo presente en la marcha del 8 de noviembre de 2012. Fallas destacó que la protesta es un derecho consagrado en el país y así lo establece la Sala Constitucional, por esta razón la policía no debió intervenir como lo hizo.

 

?La Sala Constitucional ha sido muy clara en decir que se debe respetar el derecho al Libre Tránsito, pero también ha sido muy contundente en decir que se debe respetar el derecho a la Libre Expresión y a la protesta social?, dijo la diputada, que lamentó que no se hubiera unido más gente a la manifestación de este miércoles.

 

Giovanni Brenes, del colectivo Radio Machete, quien también fue detenido el 8 de noviembre de 2012 advirtió que en el país ya se registran varias detenciones y juicios en contra de activistas.

 

A partir de la decisión de esta mañana, las autoridades judiciales tienen un período de 2 años y medio para citar en cualquier momento a las 6 personas a las audiencias del juicio. Las organizaciones sociales que les respaldan criticaron esta decisión, pues consideran que es mucho tiempo en que los 5 activistas enfrentarán una situación de inseguridad jurídica.

 

Para Marcela Zamora del Colectivo Derecho a la Protesta Social,el objetivo de un proceso de estos es estancar por un tiempo a estas personas y los colectivos sociales que les apoyan, como una estrategia más para reprimir y amedrentar a los luchadores y luchadoras sociales.

 

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