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La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de declarar inconstitucionales los contratos de operación de los puertos de Balboa y Cristóbal cambia el mapa portuario del país.
El Estado Panameño asumió el control de estas terminales, antes administradas por Panamá Ports Company, vinculada al grupo Hutchison, en medio de advertencias sobre posibles arbitrajes internacionales y una protesta formal del Estado chino. Pero más allá de lo jurídico, el debate se cruza con la presión de Estados Unidos por la supuesta influencia china en infraestructuras estratégicas ligadas al Canal.
¿Qué está en juego para la soberanía y los derechos laborales en Panamá? Desde Radio Temblor Internacional informa, Dania Betzy Batista Guevara.
