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El lunes 19 de agosto de 2024, el régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio del Interior, ordenó la cancelación de 1,500 organizaciones de la sociedad civil y la confiscación de sus bienes, entre las cuales se encuentran, en su mayoría, asociaciones vinculadas a iglesias católicas y evangélicas, así como colegios de secundaria.
El régimen acusa a estas asociaciones de incumplir con sus obligaciones. Sin embargo, la táctica represiva sigue el mismo patrón: las instituciones del Estado se niegan a recibir los documentos de las organizaciones, para luego acusarlas de no entregarlos.
Entre las entidades confiscadas se encuentran diferentes órdenes religiosas de monjas, como las que administraban los principales colegios católicos de Managua, Masaya, Carazo y otros departamentos. Esto ha representado un duro golpe para la educación secundaria, ya que, según el decreto, dichos colegios pasarán a manos del gobierno.
Ana Quirós, directora de CISAS, un centro que trabajaba por los derechos de salud de las mujeres en Managua y que fue una de las primeras organizaciones confiscadas, afirmó que con este cierre masivo ya se ha eliminado más del 70% de las asociaciones de la sociedad civil en Nicaragua. “El régimen de Ortega quiere un control total del país”, denunció Quirós.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas también se pronunció sobre estos nuevos cierres, considerándolos profundamente alarmantes. “El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua”, indicó la portavoz de la ONU, Liz Throssell.
La ONU y otros organismos internacionales de derechos humanos han llamado repetidamente al régimen de Ortega a detener la represión contra la sociedad civil. No obstante, lejos de atender estos llamados, las acciones represivas continúan. El jueves 22 de agosto de 2024, el régimen canceló 150 cámaras empresariales y asociaciones de empresarios.
El abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que “a Ortega nada lo frena en su afán de controlar el país. Después de cometer crímenes de lesa humanidad, la dictadura sigue desenfrenada”, denunció el defensor.
