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La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión de cancilleres del continente para analizar la crisis política en Nicaragua, luego de que el gobierno de Daniel Ortega anunciara una nueva reforma electoral que amplía el período presidencial de cinco a siete años y profundiza el control del oficialismo sobre el sistema político, eliminando cualquier posibilidad de competencia opositora.
El pasado 19 de julio, durante un acto conmemorativo de la Revolución Popular Sandinista, al que asistieron simpatizantes del gobierno y trabajadores del Estado, Ortega afirmó que en Nicaragua no volverían a realizarse elecciones. Días después, y tras el rechazo de la comunidad internacional, anunció una reforma constitucional que amplía la duración del mandato presidencial y consolida un modelo sin competencia política real.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, defendió las reformas y sostuvo que el oficialismo no permitirá el regreso de la oposición ni la existencia de una competencia electoral que pueda sacar del poder al Frente Sandinista, como ocurrió en 1990, cuando unas elecciones libres y con observación internacional pusieron fin a su primer período de gobierno.
Porras presentó los alcances de la reforma acompañado por altos mandos militares y policiales, quienes también se verán beneficiados por la ampliación del mandato presidencial, que además podrá renovarse de forma indefinida.
Desde el exilio, la oposición nicaragüense rechazó las nuevas reformas impulsadas por Ortega y expresó su respaldo a la convocatoria de la OEA, al considerar que representa una oportunidad para mantener la atención internacional sobre la crisis política y democrática que vive el país.
La activista opositora Yunova Acosta aseguró que la reunión de cancilleres será un espacio clave para continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos y el cierre de los espacios democráticos en Nicaragua.
La oposición nicaragüense en el exilio espera que la comunidad internacional adopte acciones concretas para presionar al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a restablecer las condiciones para la realización de elecciones libres, transparentes y con observación internacional, así como el respeto a los derechos humanos de la población.
