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El pasado 19 de julio, durante el acto conmemorativo del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de 80 años, afirmó ante sus simpatizantes que en el país no volverá a haber elecciones.
Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, ha impulsado una serie de reformas constitucionales que han concentrado el poder en el Ejecutivo. Desde 2017, además, eliminó a los principales partidos de oposición y mantuvo únicamente a agrupaciones políticas señaladas por amplios sectores como partidos “zancudos”, por su papel de respaldar y legitimar los procesos electorales controlados por el oficialismo.
Las declaraciones del mandatario generaron reacciones inmediatas dentro y fuera del país. Gobiernos como los de Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Bolivia y otros expresaron preocupación por el anuncio y por el deterioro de la democracia en Nicaragua.
Por su parte, personas opositoras nicaragüenses en el exilio, muchas de ellas también desnacionalizadas por el régimen, calificaron las declaraciones de Ortega como una confirmación de la ausencia de democracia e instaron a la comunidad internacional a respaldar iniciativas que permitan la realización de elecciones libres, transparentes y con garantías para la ciudadanía.
El opositor exiliado Enrique Martínez señaló que las palabras de Ortega evidencian lo que distintos sectores han denunciado desde hace años: que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desmanteló el sistema democrático para perpetuarse en el poder.
En tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al gobierno nicaragüense a garantizar el derecho de todas las personas a elegir y ser elegidas mediante elecciones libres.
Horas después, la copresidenta Rosario Murillo matizó las declaraciones de Ortega en medios oficialistas y aseguró que en Nicaragua sí habrá elecciones, aunque afirmó que se realizarán bajo el control de las instituciones nacionales, sin injerencias externas ni bajo las condiciones planteadas por la oposición.
Desde 2017, Nicaragua ha sido ampliamente cuestionada por la comunidad internacional por la falta de elecciones libres y competitivas. El oficialismo controla las principales instituciones del Estado, incluido el sistema electoral, y los procesos de votación se han desarrollado sin observación internacional independiente ni garantías de transparencia.
