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De manera sorpresiva y sin posibilidad de defensa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inhabilitó para ejercer la profesión a más de dos mil abogados y abogadas, según denuncias de personas afectadas y organizaciones que dan seguimiento al caso. Entre las personas alcanzadas por la medida figuran ex presos políticos y personas exiliadas.
La medida salió a la luz cuando profesionales del Derecho, tanto dentro como fuera de Nicaragua, intentaron realizar trámites en el sistema digital de la Corte Suprema de Justicia, conocido como Nicarao, y descubrieron que sus nombres habían sido eliminados del registro, dejándolos sin acceso a la plataforma.
Posteriormente, comenzaron a recibir notificaciones en sus domicilios y oficinas jurídicas informándoles de la suspensión definitiva de sus licencias. Además, se les otorgó un plazo para entregar los libros de protocolo y los sellos notariales, sin que se les informaran las razones de la decisión ni se les brindara la posibilidad de impugnarla.
La abogada Jaqueline Valdivia, madre de un ex preso político y actualmente exiliada, lanzó un llamado de auxilio por la situación que enfrenta el gremio jurídico en Nicaragua. Advirtió que esta medida también afecta a la población que necesita acceder a servicios legales independientes.
Sobre este caso, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, condenó la decisión del régimen y exhortó a las autoridades a respetar los principios básicos que garantizan el libre ejercicio de la abogacía, sin intimidaciones, obstáculos ni interferencias.
Por su parte, el abogado opositor Juan Diego Barberena, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco y también exiliado, afirmó que esta medida refleja el temor del régimen hacia las y los profesionales del Derecho y busca debilitar a uno de los sectores que defienden el Estado de derecho en el país.
Además del impacto sobre el ejercicio profesional, la cancelación de estas licencias también afecta la economía de cientos de familias que dependían del trabajo de las y los abogados para su sustento.
