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Durante la inauguración de un hospital público en la Costa Caribe nicaragüense, la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, reclamó a la comunidad internacional la falta de apoyo económico para las obras sociales impulsadas por su gobierno.
La funcionaria afirmó que, donde otros retiraron la cooperación financiera, el gobierno sandinista la asumió, asegurando que su administración “siempre piensa en los más vulnerables, en los pueblos originarios y en los más desposeídos”.
Sin embargo, la mayor parte de la cooperación internacional se ha retirado de Nicaragua desde 2018, tras la crisis sociopolítica marcada por la represión estatal y los cuestionamientos por la falta de transparencia en la ejecución de proyectos públicos.
Diversos sectores señalan que en el país no existen procesos transparentes de licitación pública y que, cuando se realizan, suelen estar amañados. Las obras serían adjudicadas a empresas vinculadas al gobierno, sin mecanismos claros de rendición de cuentas.
Para el activista opositor Alex Aguirre, la opacidad en la gestión pública impide que países y organismos financieros respalden los proyectos sociales, ya que estos estarían bajo el control directo del régimen de Ortega.
Además, las organizaciones que realizaban auditoría social fueron cerradas y, en muchos casos, su personal fue forzado al exilio para evitar encarcelamientos.
Actualmente, las obras sociales que se ejecutan en el país carecen de sistemas de control por parte de la sociedad civil. No existe acceso a procesos de auditoría independientes ni a información sobre las licitaciones, las cuales, según denuncias, son controladas desde la oficina de Rosario Murillo.
