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El miércoles 4 de febrero, por amplio consenso, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que condena la represión transnacional ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y exhorta al gobierno nicaragüense a detener las violaciones a los derechos humanos y a abrir mecanismos de diálogo para restaurar la democracia en el país.
La resolución, titulada “Seguimiento de la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua”, fue aprobada por el Consejo Permanente de la OEA y exige el cese inmediato de la represión, la liberación real de las personas presas por motivos políticos y la apertura de espacios de diálogo que permitan una salida democrática a la profunda crisis política que atraviesa Nicaragua.
Durante la sesión, Rosa María Payá, Relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó un informe ante el Consejo Permanente en el que denunció graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen.
Tras escuchar la exposición de la Relatora, las representaciones de los Estados miembros aprobaron por consenso generalizado la resolución, que insta al régimen Ortega-Murillo a detener de inmediato las violaciones a los derechos humanos contra la ciudadanía nicaragüense.
Organismos nicaragüenses de derechos humanos en el exilio han denunciado que el régimen continúa persiguiendo a personas opositoras mediante la privación arbitraria de la nacionalidad, la confiscación de bienes, la expulsión de personas religiosas, la prohibición de actividades de carácter religioso, el control y vigilancia de liderazgos opositores, así como la anulación total de las libertades de expresión y de asociación.
Aunque Nicaragua anunció su salida de la OEA, acusando al organismo de injerencista, esta decisión no la exime de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así lo señaló Alejandra Solano, representante de Costa Rica ante el Consejo Permanente de la OEA, quien recordó que existen instrumentos internacionales que obligan al Estado nicaragüense a respetar los derechos de su población.
Hasta el cierre de esta información, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se ha pronunciado sobre esta nueva resolución de la OEA.
