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Esta semana, el régimen de Daniel Ortega anunció la liberación de 1,200 reos comunes en saludo a las fiestas patrias, bajo el programa de convivencia familiar. El proceso se realizó sin transparencia, sin definir cuáles son los criterios aplicados y sin consultar a las víctimas de estos delincuentes.
La dictadora Rosario Murillo declaró en medios oficialistas que esta medida busca “el bien común de las familias” y dar una nueva oportunidad a estas personas para reflexionar, rehabilitarse y encontrar nuevos caminos.
Sin embargo, mientras libera a personas que han cometido delitos contra la ciudadanía, el régimen mantiene encarceladas a más de 70 personas por pensar diferente, muchas de ellas en condición de desaparición temporal, pues no se sabe dónde ni cómo se encuentran.
Una de las desaparecidas es la periodista feminista Fabiola Tercero, quien lleva más de un año sin que su familia conozca en qué celda está ni en qué condiciones se encuentra. Así lo denunció esta semana la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), en el marco del Día Internacional del Periodista.
Según denunció el activista defensor Enrique Martínez, estas excarcelaciones obedecen a criterios políticos: el régimen otorga libertad a los reos comunes a cambio de convertirlos en aliados, utilizarlos para vigilar a la población e incluso incorporarlos como paramilitares.
El régimen mantiene una política anual de excarcelación de reos comunes como parte de su clientelismo político, sin importar la seguridad ciudadana. Organizaciones de derechos humanos en el exilio advierten que muchos de los liberados, a pocas horas de salir de prisión, reinciden en delitos contra la población.
En lo que va del año, el régimen ha liberado a 7,400 reos comunes en todo el país, a quienes da seguimiento hasta convertirlos en sus clientes políticos.
