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Se cumplen dos años de la confiscación de la Universidad Centroamericana por parte del régimen Ortega-Murillo.
El pasado 17 de agosto se cumplieron dos años de la confiscación ilegal de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua, ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El cierre de la UCA representó un duro golpe para el desarrollo económico y social del país, afirmó desde El Salvador el sacerdote jesuita José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús para Nicaragua.
La arremetida contra la UCA se originó tras las protestas ciudadanas de 2018, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejaron al menos 350 personas asesinadas, la mayoría jóvenes y estudiantes.
El 30 de mayo de ese año, Día de las Madres en Nicaragua, la universidad abrió sus puertas para proteger a las mujeres que participaban en una marcha cívica y que fueron atacadas a balazos por paramilitares y policías encubiertos. Ese día fueron asesinados 15 jóvenes.
La solidaridad de la UCA y las protestas estudiantiles posteriores llevaron al régimen a acusarla de ser un “centro de terrorismo” y, finalmente, a consumar su confiscación.
El Estado se apropió de todos sus bienes: el campus principal en Managua con mobiliario y equipos, cuatro fincas de investigación en distintos departamentos, viviendas de sacerdotes jesuitas, laboratorios, imprenta, equipos de la Radio Universidad, archivos inéditos del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, además de laboratorios científicos donde se realizaban pruebas de ADN. Todo, valorado en más de 60 millones de dólares.
