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El Parlamento nacional de Nicaragua, controlado por el régimen de Ortega y Murillo, aprobó una reforma a la ley de territorios fronterizos que establece que las propiedades ubicadas en un área de 15 kilómetros antes del límite fronterizo pasarán a manos del Estado.
Según el régimen, esta ley busca garantizar la seguridad en las zonas fronterizas y prevenir delitos como el narcotráfico, por lo que esos territorios estarán bajo control del ejército y la policía. El diputado sandinista Edwin Castro defendió la aprobación de la ley en un medio oficialista.
Por su parte, opositores en el exilio denunciaron que se trata de una confiscación masiva que afectará más de 18 mil kilómetros cuadrados en las fronteras norte, con Honduras, y sur, con Costa Rica, donde viven aproximadamente un millón de personas.
En estas zonas también existen ciudades y territorios indígenas, lo que aumenta la preocupación sobre los derechos de propiedad de las familias y la protección de los territorios indígenas, señaló Amaru Ruiz, de la Fundación del Río, desde el exilio.
Dentro de Nicaragua, la aprobación de la ley genera preocupación sobre el derecho a la propiedad de miles de familias que habitan en estas áreas que ahora pasan a control del Estado.
La Concertación Democrática Nicaragüense, desde el exilio, también denunció que la ley vulnera derechos fundamentales como la seguridad jurídica, la propiedad privada y la autonomía de las comunidades indígenas.
