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La familia del militar en retiro Aníbal Rivas denunció que las autoridades nicaragüenses realizaron un juicio arbitrario e ilegal, sin derecho a defensa, condenándolo a 50 años de prisión por supuestos delitos.
Durante 45 días, Aníbal estuvo en condición de desaparecido, ya que, desde el momento de su detención por parte de la policía —sin orden de arresto ni acusación formal—, las autoridades se negaron a brindar información sobre su paradero y estado a su familia.
El exmilitar de 61 años, crítico del régimen de Ortega y Murillo, fue detenido el pasado 17 de mayo en el marco de una redada contra personas opositoras, a pesar de que se encontraba retirado de la política, en silencio y sin actividad pública.
Sadie Rivas, hija del exmilitar, denunció desde el exilio el juicio ilegal contra su padre y exigió su libertad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Aníbal Rivas al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida y a la integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua.
La CIDH urgió al Estado de Nicaragua a garantizar las condiciones necesarias para el pleno goce de sus derechos humanos, tanto para Aníbal como para el resto de personas consideradas presas políticas.
De acuerdo con el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta junio de este año se contabilizan 53 personas presas políticas. Al menos 14 de ellas se encuentran en condición de desaparición, entre ellas la periodista y promotora cultural Fabiola Tercero, detenida el 12 de julio de 2024. Desde esa fecha, su familia no sabe dónde ni cómo se encuentra.
