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Este 30 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició la audiencia pública contra el Estado mexicano por el caso de doña Ernestina Ascencio Rosario, mujer nahua de la Sierra de Zongolica, Veracruz, quien en 2007 fue víctima de violencia sexual, tortura y discriminación racial a manos del Ejército Mexicano.
El Estado Mexicano no solo ignoró su testimonio y desestimó pruebas clave, sino que obstaculizó la búsqueda de justicia de su familia. Ahora, la Corte IDH debe analizar la responsabilidad del Estado en estos hechos y en la impunidad que rodea a éste caso.
La CIDH examinará si el Estado Mexicano cumplió con su deber de investigar y sancionar a los responsables, así como si adoptó medidas para prevenir la repetición de actos similares. Además, la Corte evaluará si el Estado mexicano incurrió en discriminación racial en el caso de doña Ernestina, debido su origen indígena y su condición de mujer.
La impunidad que ha rodeado el caso de doña Ernestina durante años es un reflejo de los desafíos que enfrentan las víctimas de violencia sexual y discriminación en México, especialmente en comunidades indígenas.
La audiencia ante la Corte IDH representa una oportunidad histórica para que se haga justicia en este caso emblemático y se siente un precedente para la protección de los derechos de las mujeres indígenas en México y en toda la región.
El Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad y expresó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con el acatamiento de las disposiciones de la CorteIDH.
Las partes tendrán hasta el 3 de marzo de 2025 para presentar ante la CorteIDH sus alegatos y observaciones finales por escrito, así como sus excepciones preliminares. Posteriormente, corresponderá a la Corte emitir una sentencia definitiva.
Los representantes de Ernestina, familiares y organizaciones sociales hicieron un llamado a la CorteIDH para que emita una sentencia firme y ejemplar contra el Estado mexicano, que no solo reconozca la gravedad de los hechos, sino que también ordene medidas efectivas de reparación y garantías de no repetición. Además, insistieron en la necesidad de una investigación seria, imparcial e independiente que haga justicia.
Desde Voces Nuestras en San José Costa Rica, seguiremos dando cobertura a éste caso.
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