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En los años ochenta comunidades indígenas se asentaron en Laguna Larga, departamento de Petén, sin apoyo del Estado. Construyeron su propia infraestructura, desde pozos familiares hasta una escuela. Era una comunidad sostenible y prospera que comerciaba con comunidades mexicanas cercanas, pero todo terminó el 02 de junio de 2017.
El Ministerio Público ordenó su desalojo, productos de una denuncia del Consejo Nacional de Áreas Protegidas-CONAP, que les consideraba como un asentamiento ilegal; los comunitarios fueron acusados de invasores, traficantes y delincuentes. Desde esa fecha la comunidad vive en la zona fronteriza con México en condiciones infrahumanas. Producto de esta crisis humanitaria han muerto ocho personas.
Carol Rivas de FGER con la información.
