Varias comunidades afectadas presentaron argumentos ante la Corte de Constitucionalidad denunciando el acuerdo con la empresa TRECSA, apoyados por el Ministerio Público, la ProcuradurÃa de Derechos Humanos y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FGER. El plan de expansión de transmisión de energÃa de TRECSA instalará cableado en propiedades individuales y comunales, en 77 municipios, violando el derecho a la propiedad.
Nuestra compañera Carolina Rivas, de la FGER, trae la nota.