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En El Salvador, la persecución contra defensores y liderazgos comunitarios ha escalado a niveles alarmantes. Durante el año 2024, se documentaron 533 agresiones contra personas y colectivos defensores de derechos humanos, lo que representa el mayor registro en cuatro años. Además defensores permanecen presos, mientras numerosos activistas han tenido que buscar refugio fuera del país para evitar detenciones arbitrarias. La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y su aplicación como herramienta de control —con impuestos del 30 % a fondos internacionales y facultades discrecionales que permiten cerrar organizaciones— agrava el entorno de criminalización de la sociedad civil. La información nos llega desde radio YSUCA en el Salvador, con Edgar Franco.
