El pasado 25 de mayo se llevó a cabo una reunión en la comunidad de Palizada, ubicada en el norte de Santa Fe, provincia de Veraguas en Panamá. En dicha reunión estuvieron presentes miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y cientos de personas de los corregimientos de Calovebora y Río Luis. Estos corregimientos se ven directamente afectados por el proyecto de la Cuarta Línea de transmisión eléctrica.
El propósito de la visita fue documentar el incumplimiento de la ley 37 por parte del gobierno panameño y de la empresa ETESA (Empresa de Transmisión Eléctrica S.A.) en el proceso de construcción de la cuarta línea eléctrica.
La Cuarta Línea de transmisión eléctrica es una importante obra promovida por ETESA, que se extiende a lo largo de la costa atlántica de Panamá, desde Chiriquí Grande en la provincia de Bocas del Toro hasta el este de Panamá, en la región capitalina. El financiamiento de esta obra es realizado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo privado del Banco Mundial.
Sin embargo, para las comunidades rurales habitadas por indígenas Ngäbe Buglé y campesinos, esta obra representa una gran amenaza para su territorio y su modo de vida cultural como pueblos soberanos.
La información con nuestra compañera Dania Betzy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional.