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Esta semana el parlamento nicaragüense controlado por la pareja presidencial Ortega y Murillo, aprobaron una reforma a la ley de áreas protegidas, con lo cual dan luz verde para concesiones mineras en estas áreas.
Mediante esta reforma el Ministerio del Ambiente dará los permisos a empresarios ligados al régimen para actividades mineras y otros recursos, con lo cual atentan contra tierras indígenas y sus poblaciones.
Con esta ley dejan fuera a los líderes y a las comunidades indígenas para consultarlos sobre concesiones en sus territorios, con lo cual favorecen la invasión en tierras de comunidades originarias por parte de personas no indígenas conocidas como colonos, denunció desde el exilio Amaru Ruiz, director de la ambientalista Fundación del Rio.
La población con esta ley ni siquiera podrá acudir a la policía a denunciar delitos ambientales, solo se aplicarán sanciones administrativas por parte del Ministerio del Ambiente, dejando prácticamente sin efecto la ley de delitos ambientales.
El régimen a través del Ministerio del Ambiente será juez y parte sobre los recursos naturales, dejando a un lado a la policía y a la fiscalía, en donde cualquier ciudadano podía poner una denuncia sobre delitos ambientales, esto queda prácticamente eliminado, dejando en indefensión a la ciudadanía sobre sus propios recursos.
Nicaragua cuenta con un sistema nacional de áreas protegidas que incluye 76 áreas, entre parques nacionales, reservas biológicas, reservas de biosferas, reservas naturales, refugios de vida silvestre, además de monumentos históricos y nacionales.
Entre las áreas protegidas más importantes están la Reserva de Biosfera Bosawás y la Reserva Biológica Indio Maíz, dos de las más grandes en extensión boscosa, diversidad de flora, fauna y recursos minerales.
