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El Consejo de la Unión Europea, aprobó una resolución para ampliar las sanciones al régimen de Nicaragua por 1 año más, a partir del 15 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2025, por las constantes violaciones a los derechos humanos. Las sanciones se aplican directamente a 21 personas del régimen de Nicaragua cuya lista la encabeza la vicepresidenta Rosario Murillo, sus hijos e hijas, el jefe de la policía Francisco Díaz y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del poder electoral.
Las sanciones incluyen, la prohibición a estas personas de viajar a cualquiera de los países que integran la Unión Europea, tampoco pueden hacer negocios de comercio o cualquier tipo con estos países y además la congelación de cualquier activo que se encuentre en los bancos europeos.
La medida de ampliar las sanciones fue bien recibida por jóvenes opositores exiliados quienes consideran que incluso debería de sancionar a personas que actúan como testaferros o presta nombre de esos funcionarios para hacer negocios y adquirir bienes.
Así lo señalan Alex Aguirre y Yaritza Mairena, jóvenes opositores exiliados.
Funcionarios del régimen de Ortega en algunos actos políticos han dicho que las sanciones son una decoración, un honor recibirlas para ellos, por defender la soberanía nacional y rechazar cualquier injerencia, sin embargo, el canciller nicaragüense en su reciente comparecencia en la asamblea general de las Naciones Unidas, pidió a Estados Unidos y a la Unión Europea que levanten las sanciones.
Desde 2019 la Unión Europea ha implementado sanciones a funcionarios del régimen de Daniel Ortega, debido a las constantes violaciones a los derechos humanos, la persecución a la iglesia, a defensores y a medios de comunicación, del cual el régimen no da tregua.
La Unión Europea ha llamado al régimen de Ortega y Murillo a respetar los derechos humanos y a permitir las condiciones para el retorno de la democracia, pero el régimen hace oídos sordos a estos llamados.
