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El jueves 6 de noviembre entró en vigencia en Nicaragua la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, la cual obliga a las compañías que prestan el servicio de telefonía e internet a brindar toda la información de los usuarios.
Con esta ley, las empresas de telecomunicaciones deberán resguardar por al menos 1 año, la información de las personas usuarias sobre el contenido de sus comunicaciones en sus teléfonos, así como datos de navegación de internet.
De acuerdo al régimen Ortega y Murillo, la nueva ley garantiza la modernización del servicio de telecomunicaciones de las y los nicaragüenses y que trae beneficios a la ciudadanía, aunque no hay claridad sobre esos beneficios.
También la ley obliga a los medios de comunicación existentes en el país a renovar sus licencias a partir de la entrada en vigencia de esta ley, con lo cual el Estado se reserva el derecho de emitir las licencias a las que considere que no están alineadas a sus políticas.
Enrique Martinez, de la plataforma opositora Avanza Nicaragua, denunció que esta ley es una copia de modelo de comunicación represiva de países autoritarios como China, Iran, Corea del Norte y otros que impiden a la ciudadanía tener libertad de expresión.
El investigador de medios Alfonso Malespín considera peligrosa la entrada en vigencia de esta ley que le otorga súper poderes a la estatal empresa de Telecomunicaciones y Correos TELCOR, quien a partir de la fecha se convierte en juez y parte de las comunicaciones en Nicaragua.
Aunque no lo dice la Ley, en la práctica se convierte en un espionaje legalizado por parte del régimen Ortega y Murillo en contra de la población nicaragüense quien ahora estará vigilada hasta lo que consume en internet, señala el investigador.
Es la información que nos llega desde Nicaragua.
