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Aunque actualmente 12 comunidades indígenas misquitas cuentan con medidas cautelares y a 8 de ellas les han elevado el nivel a medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado nicaragüense sigue sin atender las situaciones de violencia que estas comunidades sufren por parte de invasores a sus territorios.
El caso más reciente de agresión con arma de fuego tiene en estado delicado a una joven indígena y ninguna autoridad policial o del ejército en la zona se pronuncia sobre estos hechos de violencia.
