La pobreza en los hogares de las familias de presas y presos políticos en Nicaragua se ha incrementado en más de la mitad en este último año, según los resultados de un estudio realizado con 92 personas familiares de personas presas políticas.
El estudio fue realizado por la Unidad de Defensa Jurídica, quienes desde el exilio dieron a conocer los hallazgos, debido a que dentro de Nicaragua no se puede hablar de estos temas porque son prohibidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El ingreso en los hogares de estas familias se ha visto reducido en más del 70% debido a que muchos de las y los presos políticos eran cabezas de hogar, sumado a la falta de empleo y la carestía de la vida que afecta a las familias nicaragüenses, indica el estudio.
La mayor carga económica en los hogares ha recaído sobre las mujeres de las familias de personas privadas de libertad por asuntos políticos, explica Alexandra Salazar, coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).
El estudio fue realizado con familiares de personas presas políticas entre 2018 y 2022, pese a que el régimen de Ortega Murillo, asegura que en Nicaragua no existen presos políticos, sin embargo los organismos de derechos humanos han denunciado las graves condiciones en que se encuentran estas personas privadas de libertad solo por pensar diferente.