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La frágil democracia que apenas existía en el papel de la Constitución Política de Nicaragua fue sepultada el lunes 13 de enero de este año, con la aprobación de reformas constitucionales que modifican 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y eliminan 37 disposiciones relacionadas con los derechos humanos universales.
Según lo aprobado en el Parlamento, controlado por la pareja presidencial Ortega-Murillo, el mandato presidencial se extiende de 5 a 6 años, y los poderes del Estado quedan subordinados al control absoluto del régimen.
Además, estas reformas eliminan la autonomía municipal y regional, así como los mecanismos de auditoría, dejando al país sin herramientas para garantizar la rendición de cuentas de los recursos públicos.
Otro punto crítico de las reformas es la eliminación de cualquier competencia política. Todo aquel que aspire a un cargo público necesitará la aprobación del gobierno, que podrá negarla arbitrariamente. Además, cualquier oposición será castigada con prisión inmediata o expulsión del país, lo que conlleva la pérdida de la ciudadanía nicaragüense.
La reforma también legalizó un tercer grupo armado en el país, conocido como “policías voluntarios”, denominados por la población como paramilitares. Apenas horas después de aprobarse las reformas, el régimen juramentó al primer grupo de 1,500 hombres, quienes asistieron al acto con sus rostros cubiertos con pasamontañas para evitar ser identificados.
Estos paramilitares se infiltran en las comunidades para vigilar, asediar y denunciar a quienes se expresen en contra del régimen, intensificando así la represión sobre la población.
Organismos de derechos humanos nicaragüenses en el exilio calificaron estas reformas como el peor retroceso en la historia del país, al eliminar derechos fundamentales como la libre movilización, la libertad de asociación, expresión, prensa, y otros pilares básicos de una sociedad democrática.
