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Las nicaragüenses integrantes del movimiento amplio de mujeres, desde el exilio en diferentes países este 8 de marzo de 2023, reclamaron al gobierno de Daniel Ortega, el restablecimiento de sus derechos humanos, ante la imposibilidad de movilizarse en Nicaragua por las restricciones gubernamentales.
Después de las protestas antigubernamentales de abril de 2018, que dejaron 324 personas asesinadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Ortega prohibió todo tipo de manifestaciones opositoras y solo permite las marchas de sus simpatizantes.
Desde el 2007 que regresó al poder Daniel Ortega, inició un proceso de desmantelamiento de los mecanismos institucionales ´para atender a las víctimas y sancionar a los agresores, progresivamente se fueron cerrando las comisarías de la mujer y la niñez, reclamó desde el exilio María Teresa Blandón, del Programa Feminista La Corriente, a quien el gobierno le impidió regresar a su propio país el año pasado luego un viaje de trabajo al extranjero.
De tal manera que por quinto año consecutivo las mujeres en Nicaragua no pudieron salir a las calles a reclamar sus derechos, denunció Blandón.
Aun con las restricciones gubernamentales, el compromiso y la lucha se mantiene, dijo una artista feminista nicaragüense, desde sus redes sociales.
Aunque el gobierno mantiene el discurso de erradicar la violencia contra las mujeres, en realidad el peligro continúa, el año pasado 68 mujeres fueron víctimas de feminicidio y este año van 8, según denunció la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
Desde el exilio, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunció la violencia estatal contra las mujeres, al grado que el gobierno de Ortega ha cerrado en los últimos 5 años, 180 organizaciones de la sociedad civil que trabajaban a favor de las mujeres, incluso este 8 de marzo de 2023, le quitó la personería jurídica a la Asociación de Mujeres con Cáncer.
El Colectivo también denunció la violenta estatal contra 33 presas políticas, quienes sufrieron tortura física y psicológica por más de un año, las que fueron desterradas a los Estados Unidos y despojadas de su nacionalidad el pasado 9 de febrero.
El organismo defensor pidió la liberación de 35 personas que permanecen en las cárceles, entre estas la única mujer Martha Candelaria Rivas Hernández, y además demandó el restablecimiento de los derechos a las 33 ex presas políticas y a las más de 300 personas despojadas de la nacionalidad nicaragüense, entre las que se encuentran escritoras como Gioconda Belli y opositoras como Cristiana Chamorro, entre otras.
