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El pasado 19 de noviembre el Juez de Control Felipe López Aburto impidió, por papeleo burocrático, que se reabra la carpeta de investigación en el caso de tortura contra el indigena torturado por la Policía Ministerial.
Como contexto en mayo de 2023, Diego fue testigo de un homicidio. Al ser llevado por elementos de la Fiscalía para declarar, fue torturado por policías ministeriales para que incriminara a un tercero presuntamente responsable. Diego, hablante del idioma de la región otomí fue interrogado sin perspectiva intercultural, su testimonio fue manipulado y traducido sin respetar su lengua ni su versión. Esa declaración falsa fue usada para detener a una persona que Diego nunca señaló. Con apoyo de el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte, denunció la tortura y aunque la Fiscalía abrió una carpeta, ésta quedó sin avances durante meses. En mayo de 2025, sin agotar pruebas clave, cerró el caso dejando a Diego como víctima y perpetuando la práctica de la tortura como método de investigación.
El reporte es de Iván Fernández desde Radio Huaya, en México.
