El Estado mexicano no garantiza a las mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales la posibilidad de eliminar el impacto de una violación. El Centro de Terapia de atención de delitos sexuales es ineficiente y la Procuraduría nunca ha permitido que la sociedad civil monitoree su trabajo. Así se informa en la siguiente nota de las compañeras de Radio CIMAC.