Los magistrados que en el 2013 dictaron el fallo que benefició al dictador José Efraín Ríos Montt podrían enfrentar la justicia, pues los sobrevivientes del genocidio los han denunciado de prevaricato. Abogados explican que la resolución fue fraudulenta y buscaba generar un caos jurídico, mientras las víctimas siguen exigiendo justicia.
A continuación el reporte con Carolina Rivas, de la FGER