La sola aprobación de las políticas públicas, NO garantiza que los Estados de verdad respondan a las demandas de las mujeres y garanticen sus derechos. Prueba de ello es Guatemala, donde la asignación de presupuestos y la forma en que la población femenina accede a los servicios básicos deja en evidencia que las mujeres sigue siendo objeto de discriminación desde los diferentes poderes del gobierno.