El 17 de julio se celebra el aniversario de la adopción, en 1998, del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), el único tribunal penal internacional permanente con vocación universal. El objetivo del Estatuto de Roma es impartir justicia a las víctimas de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, mediante el enjuiciamiento efectivo de sus autores. El Salvador forma parte de este mecanismo universal contra la impunidad, desde 2016.
En el marco del Día de la Justicia Penal Internacional, organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron que el Estado de El Salvador no haya adoptado medidas de justicia, reparación integral ni facilitado el acceso a la información pública relacionada con graves violaciones de derechos humanos. Así explicó Alejandro Díaz, integrante de Tutela Legal, “Dra. María Julia Hernández”.
Díaz subrayó que el Estado de El Salvador está llamado a tomar medidas de justicia y criticó que las autoridades actuales hayan optado por acciones arbitrarias, resaltando importancia a instituciones imparciales.
Según Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y la Comisión de Trabajo de Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, la captura completa del Estado por intereses particulares ha limitado el acceso a la justicia para las víctimas. Las organizaciones destacaron que la Fiscalía General de la República está sometida al Ejecutivo, que la Sala de lo Constitucional cuenta con magistraturas usurpadas, que la Policía Nacional Civil practica violaciones de derechos humanos y que la Fuerza Armada está al servicio del poder de turno.
Es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador.
