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Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su profunda preocupación ante el incremento de acciones represivas en contra de personas defensoras de derechos humanos y ambientales en El Salvador.
Las organizaciones denunciaron las capturas arbitrarias y los procesos judiciales irregulares contra el pastor Ángel Pérez, así como contra los abogados Alejandro Henríquez, Ruth López y Enrique Anaya. Asimismo, recordaron la detención de Fidel Zavala, y de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, así como de otros líderes sindicales.
Alfredo Leiva, de ADES Santa Marta, y Morena Murillo del Foro Nacional de Salud, exigieron el cese de la represión política contra quienes defienden los derechos fundamentales y el medio ambiente.
En relación con el proceso penal que enfrentan cinco ambientalistas de Cabañas, las organizaciones denunciaron una estrategia dilatoria del sistema judicial, que ha provocado la suspensión del juicio en cinco ocasiones.
Asimismo, celebraron la separación del juez Hugo Banzer Flores, ordenada por la Cámara de lo Penal de San Vicente, y expresaron su esperanza de que el nuevo juicio se realice con imparcialidad y permita confirmar la inocencia de los cinco defensores ambientales.
Finalmente, la comunidad de Santa Marta denunció que el hostigamiento contra la población y los familiares de los procesados continúa, y alertaron sobre el riesgo de nuevas capturas arbitrarias en el marco de este proceso judicial.
Ante ello organizaciones sociales también manifestaron que la Ley de Agentes Extranjeros, recientemente aprobada por los diputados a petición del Ejecutivo, es una forma de establecer controles y sanciones orientadas a eliminar a las organizaciones que reciben fondos de cooperación.
Las organizaciones rechazaron la normativa y señalaron que muchas de ellas trabajan en favor de la población y del ejercicio de los derechos ciudadanos.
De acuerdo con Alfredo Leiva, de ADES Santa Marta, con la nueva normativa se verán afectados. Señaló que ADES impulsa diversos proyectos que el Estado no logra resolver. “Los más afectados son las comunidades”, reiteró. Leiva añadió que se someterán al proceso de inscripción, dado que su labor es en beneficio de la comunidad.
Morena Murillo, del Foro Nacional de la Salud, afirmó que la Ley de Agentes Extranjeros “es un castigo” a las organizaciones no gubernamentales por el trabajo que realizan en favor de las comunidades, abordando problemáticas como educación, salud, agricultura y agua.
Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, dijo que la Ley de Agentes Extranjeros está orientada a afectar a las organizaciones sociales y la labor que han realizado por décadas, expuso el también profesor universitario.
La Ley de Agentes Extranjeros entró en vigencia tras su aprobación por la Asamblea Legislativa el pasado 20 de mayo y su publicación en el Diario Oficial el día 30 del mismo mes. Toda persona natural o jurídica que reciba financiamiento desde el extranjero debe inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), bajo la administración del Ministerio de Gobernación.
La ley contempla multas de hasta $250,000 y la cancelación de la personería jurídica para quienes incumplan con la inscripción. También impone un impuesto del 30 % a todas las transferencias internacionales, incluidas donaciones y bienes en especie.
Nayib Bukele defendió el pasado 1 de junio la Ley de Agentes Extranjeros, argumentando que se trata de una herramienta para “proteger la cooperación internacional” y garantizar que los fondos provenientes del extranjero destinados a proyectos sociales, sean utilizados correctamente. Afirmó que la normativa permitirá exonerar de impuestos a quienes realmente vengan a colaborar con la población, pero advirtió que aquellos que persigan “intereses políticos” no recibirán el mismo trato.
Esta es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador.
