Volver
El sobreseimiento dictado el pasado 18 de octubre de 2024 a favor de los ambientalistas y lideres comunitarios de Santa Marta se ve amenazado por la Fiscalía de ese país.
La comunidad de Santa Marta ha dicho que este caso muestra el uso del sistema judicial “para perseguir el activismo ambiental”, en una carta abierta, sus habitantes afirman que la detención de los ambientalistas se dio “luego de denunciar públicamente la posible reversión de la prohibición” de la minería, prohibida en El Salvador desde 2017.
Organizaciones sociales denuncian que la apelación de la Fiscalía General de la República busca únicamente prolongar de manera injustificada un proceso judicial que, a su juicio, nunca debió
haberse iniciado.
La información con Gerardo Castro de Radio YSUCA en El Salvador.
