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El Tribunal de Sentencia de San Vicente absolvió en materia penal a 8 personas acusadas de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas, entre ellas cinco líderes ambientales de Santa Marta.
“Estamos completamente satisfechos con la resolución”, destacó Pedro Cruz, abogado defensor de los ambientalistas.
El abogado subrayó que, con el fallo absolutorio, “ha triunfado la justicia y la legalidad” y enfatizó que la defensa tenía razón al señalar que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República eran insuficientes. “Esperamos que la FGR no apele en esta ocasión la sentencia, que por segunda vez ganamos”, agregó el abogado defensor.
Los jueces señalaron en la lectura del fallo que las declaraciones del testigo clave, conocido como “Soriano”, no probaron que los acusados participaran en el delito de asesinato.
Según la acusación de la Fiscalía, Alejandro Laínez, Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Fidel Recinos, José Eduardo Castañeda, Pedro Rivas, Miguel Ángel Gámez y Arturo Serrano fueron señalados como responsables del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, ocurrido presuntamente el 22 de agosto de 1989; sin embargo, la institución no logró comprobar su participación.
Vanesa Laínez, hija de Alejandro Laínez, afirmó que este proceso judicial ha sido difícil desde que comenzó hace dos años la lucha por la libertad de sus familiares.
Alfredo Leiva, de Santa Marta, aplaudió el fallo absolutorio y pidió que la Fiscalía General de la República respete la decisión del tribunal, que no apele la resolución y que no se sigan consumiendo recursos del Estado.
Aunque fueron absueltos penalmente, a cuatro de los acusados se le abre la posibilidad de responsabilidad civil en “abstracto”, que deberá ser determinada por un juzgado de lo civil. A criterio de Leiva, dicha responsabilidad “no tiene sentido” dado el fallo absolutorio.
La Corte ordenó levantar las órdenes de captura vigentes, así como devolver las fianzas y los objetos incautados durante el proceso. Esta es la segunda vez que un juzgado penal absuelve a los ocho procesados, luego de que una cámara de apelaciones anulara el primer fallo y ordenara un nuevo juicio.
La comunidad de Santa Marta y las organizaciones sociales celebraron la resolución, que deja en libertad por segunda vez a los ambientalistas, reconocidos por su lucha contra la minería metálica en El Salvador.
Esta es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador.
