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Durante su participación en La Entrevista de radio YSUCA, Fátima Peña, coordinadora de articulación para la incidencia de la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA, aseguró que en El Salvador se vive una crisis de comunicación política, y que el gobierno ha perdido el control de la narrativa, tanto a nivel nacional como internacional.
Una de las evidencias más claras, según Peña, es el tema sobre la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador por parte de Estados Unidos, una medida que ha generado controversia por la falta de claridad sobre los criterios utilizados. Entre los deportados destaca el caso de Kilmar Abrego, un salvadoreño residente legal en EE.UU., cuya expulsión fue reconocida como un error administrativo por parte de Washington. No obstante, aún no ha sido repatriado. El caso, afirmó Peña, ha generado presión internacional y ha puesto bajo escrutinio las políticas migratorias del gobierno de Bukele.
Ante el desgaste de su imagen, según Peña, el gobierno intentó un reencuadre comunicacional anunciando un aumento del 12 % al salario mínimo, pero la medida no tuvo el efecto esperado. Sin embargo los encuadres propuestos no dan buen resultado y como consecuencia el gobierno recurre a la “fuerza y represión”, como mecanismos de control, enfatiza Peña.
La situación se agravó tras el anuncio presidencial del 5 de mayo sobre transporte gratuito, supuestamente en respuesta a los problemas en la carretera Los Chorros. La falta de planificación y comunicación clara generó caos, y ese mismo día el presidente Bukele amenazó en redes sociales con capturar a los transportistas que no acataran su orden. Poco después, varios empresarios fueron detenidos, lo cual fue percibido como una reacción desproporcionada y una muestra más de improvisación.
Peña subrayó que, aunque el gobierno mantiene el control de la mayoría de medios tradicionales y cuenta con una potente maquinaria digital, no ha podido contener críticas que surgen desde la ciudadanía misma. A la crisis de comunicación se suman denuncias de corrupción, malestar social por el desabastecimiento de agua, el cierre de escuelas, el deterioro de calles y el alto costo de la vida.
En este contexto, tres defensores de derechos humanos fueron capturados, dos de ellos enviados a detención provisional por seis meses, lo que para muchos representa una nueva señal de represión y criminalización de la protesta social, concluye Fátima Peña de la UCA.
Esta es información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador.
