Este 12 y 13 de septiembre la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), con la participación de personas de los Territorios Bribris de Salitre, de Yabamï Dï Katá (conocido como Cabagra), Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba, presentaron el “III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre 2022)” en la Universidad de Costa Rica (UCR) y en la Asamblea Legislativa.
El “Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur” sistematiza y analiza una serie de incidentes de seguridad contra los Pueblos Originarios desde los relatos, las voces y los cuerpos de las personas recuperadoras. Según el Informe sólo en el 2023, los Pueblos Originarios del sur de Costa Rica sobrevivieron a 58 incidentes de seguridad y 3 personas fueron detenidas arbitrariamente. Las agresiones fueron llevadas a cabo por distintos actores como ocupantes ilegales, peones y otras personas no indígenas. Y, por tercer año consecutivo, la Fuerza Pública es el principal actor que violenta los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios.
El III Informe destaca un preocupante aumento en la judicialización del conflicto. Esto significa que, en lugar de abordarse principalmente a través de vías políticas, el conflicto se está dirigiendo cada vez más hacia el ámbito judicial, específicamente en materia penal, lo que tiene un impacto significativo en las comunidades indígenas. Los Pueblos Originarios se ven afectados de diversas maneras por esta transición. En primer lugar, se enfrentan a la necesidad de abandonar con frecuencia sus territorios para atender diligencias judiciales, a menudo sin ningún respaldo económico para llevar a cabo estas gestiones legales. Además, la complejidad técnica del sistema legal dificulta su comprensión y uso desde el conocimiento tradicional de los Pueblos, lo que les obliga a buscar asesoramiento legal externo.
Un aspecto relevante resaltado en el III Informe es que ninguna persona no indígena ha sido procesada o condenada penalmente en relación con este conflicto. La única excepción fue Eduardo Varela, quien confesó ser el responsable del asesinato de Jerhy Rivera; sin embargo, fue absuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago en julio pasado.
El informe también arroja luz sobre la insuficiencia de la “Mesa Interinstitucional para la construcción de la ruta de trabajo y la atención de la población indígena, 2022-2026”. En lugar de proteger a los Pueblos Originarios, esta mesa ha exacerbado el conflicto al desconocer la cosmogonía de estas comunidades y revictimizar a sus miembros.
Nery Chaves García, quien lideró la investigación, enfatiza que el Estado costarricense continúa ignorando la ley, sus responsabilidades y cometiendo graves violaciones de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, incluyendo detenciones arbitrarias. A pesar de que el actual Gobierno tiene un tiempo limitado en el poder, su respuesta hasta ahora ha sido caracterizada por la ignorancia, la arrogancia y la falta de voluntad para escuchar a los Pueblos Originarios, que enfrentan riesgos constantes en sus vidas.
Además de estas preocupaciones, es alarmante que la administración Cháves Robles no haya convocado a reuniones a las organizaciones representativas de los Pueblos Bribri de Salitre y Brörán de Térraba para dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su favor. Esta falta de acción agrava aún más la situación y demuestra una falta de compromiso por parte de las autoridades en la protección y el respeto de los derechos de estas comunidades.
En resumen, el III Informe resalta una creciente judicialización del conflicto que afecta de manera desproporcionada a los Pueblos Originarios, una inadecuada respuesta por parte del Estado y la falta de seguimiento a medidas cautelares importantes. La situación actual plantea preocupaciones graves sobre los derechos humanos y la justicia en relación con las comunidades indígenas en Costa Rica.