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El Tribunal de San Ramón de Alajuela absolvió a las cuatro personas estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) detenidas en noviembre de 2019 por manifestarse en la Carretera Interamericana Norte, en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de las universidades públicas.
Tras seis años de judicialización, el tribunal dictó sentencia absolutoria el miércoles 7 de mayo a avanzadas horas de la noche, dejándonos libres de todos los cargos por el supuesto delito de obstrucción de la vía pública.
En su exposición, la jueza hizo énfasis en que el fallo de la Sala Constitucional, vinculado al caso, es claro en que el artículo del Código Penal que tipifica el delito de obstrucción no puede utilizarse para criminalizar de ninguna forma el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
Ese fue uno de los argumentos del abogado defensor de los estudiantes, Edgardo Araya, quien en diciembre de 2019 presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 263 bis del Código Penal, que sanciona la «obstrucción de la vía pública» con penas de entre 10 y 30 días de prisión. Se argumentó que la redacción de la norma era demasiado amplia, permitiendo la criminalización de cualquier forma de manifestación en la vía pública.
La Sala Constitucional resolvió en agosto de 2023, y aunque declaró que dicho artículo era constitucional, “estableció lineamientos claros para su aplicación: la norma no debe ser utilizada para criminalizar la protesta pacífica ni para restringir el derecho fundamental de reunión”, indicaron los estudiantes.
Edgardo Araya, abogado defensor, comparte sus impresiones.
El caso se remonta al segundo semestre de 2019, cuando hubo un movimiento estudiantil espontáneo, que defendió el presupuesto para la educación superior pública con la toma de edificios en la Universidad Nacional (UNA) y en la Sede del Pacífico, de Occidente, de Liberia, el Recinto de Grecia y en la Rodrigo Facio de la UCR. También hubo una marcha el 22 de octubre, con una importante presencia de las sedes regionales y recintos de las universidades.
Nestor, uno de los estudiantes judicializados, hace su balance del proceso.
Nos unimos a los agradecimientos para todas las personas, organizaciones y medios que han acompañado este proceso con solidaridad y firmeza. Y especialmente a Edgardo Araya, por su defensa ética, comprometida y solidaria.
Esta fue una nota con información de Fabiola Pomareda del Semanario Universidad, Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia de Voces Nuestras.
