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COMUNICADO DE PRENSA
Juicio por criminalización de la protesta social contra estudiantes de la UCR continúa el próximo 25 de abril
San Ramón, 10 de abril de 2025. El pasado martes 9 de abril se llevó a cabo la segunda sesión del juicio oral y público contra cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), acusados por el supuesto delito de obstrucción de la vía pública. Los hechos se remontan a noviembre de 2019, durante una manifestación pacífica en la ruta interamericana, a la altura del cruce de Santiaguito en San Ramón de Alajuela. La protesta tenía como objetivo denunciar los recortes y el redireccionamiento de recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Durante el segundo día de juicio, la Fiscalía presentó como testigos a dos oficiales de la Fuerza Pública, quienes estuvieron presentes esa noche. La y los estudiantes criminalizados han expresado públicamente que en dicha manifestación, que contó con la participación de aproximadamente 25 estudiantes, se encontraban repartiendo volantes de forma pacífica, cuando fueron dispersados mediante el uso injustificado y desproporcionado de la fuerza, incluyendo gases y bombas de humo.
Este juicio ha despertado una gran atención pública, dado que podría sentar un precedente jurídico clave sobre la interpretación del artículo 263 bis del Código Penal. Este artículo, que tipifica el delito de obstrucción de la vía pública, no puede ni debe utilizarse para criminalizar el derecho constitucional a la protesta pacífica, como ha señalado la Sala Constitucional en su resolución 2023020763 del 23 de agosto de 2023. En dicha resolución, la Sala IV establece lineamientos para la correcta interpretación de dicho delito:
“El ejercicio pacífico del derecho de reunión, particularmente cuando conlleva la utilización de sitios públicos, acarrea incomodidades o engorro que las personas tenemos el deber legítimo de soportar o tolerar, pues es parte de la carga de disfrutar y vivir en un Estado Democrático de Derecho que garantiza las libertades y fundamentales de todas las personas. El artículo 263 bis del Código Penal no tipifica la manifestación o protesta pública como delito, ni criminaliza, por consiguiente, el ejercicio del derecho de reunión en sitios públicos.”
En este contexto, el abogado defensor, Edgardo Araya, ha jugado un papel fundamental en este caso, aportando su compromiso, conocimiento y experiencia con total solidaridad para asesorar y acompañar a los y la estudiante en un proceso desgastante que ya lleva casi 6 años.
La próxima sesión del juicio fue reprogramada para el Viernes 25 de abril a las 6:00 p.m. en los Tribunales de San Ramón, debido a ajustes en la agenda judicial. En esa audiencia continuará la presentación de pruebas y testigos, esta vez por parte de la defensa.
Agradecemos sinceramente a todas las personas, organizaciones estudiantiles, colectivos de derechos humanos y medios de comunicación que han acompañado este proceso y alzan la voz en defensa del derecho a manifestarnos de forma pacífica por una educación pública digna y justa.
¡No nos callarán! Seguimos firmes con la conciencia tranquila y la dignidad intacta. Defender la protesta es defender la democracia.
#DefenderLaEducación #DerechoALaProtesta #NoALaCriminalización
Contacto para más información: Lic. Edgardo Araya Sibaja – (+506) 8704-9502
