Las cuatro personas que fueron detenidas por manifestarse de forma pacífica en la comunidad de San Ramón de Alajuela, durante las protestas del 2019 en defensa de la Educación Pública Superior, siguen en un proceso judicial que criminaliza el derecho a la protesta.
Se trata de estudiantes de la Universidad de Costa Rica que fueron atacados y perseguidos en un despliegue desproporcionado de violencia policial, esto sucedió mientras se retiraban de la vía pública donde habían estado volanteando y cantando consignas contra los recortes sistemáticos a los presupuestos del Estado, destinados al Fondo Especial de Educación Superior FEES.
A cuatro años de las protestas éste proceso judicial se reactivó, tras un voto de la Sala Constitucional.
De primera mano, la información con nuestra compañera Génesis R. Cruz que conversó con Edgardo Araya, abogado defensor.