En Costa Rica: Personas defensoras analizan los retos de Costa Rica como país de acogida del exilio nicaragüense.

El Día Mundial de la Persona Refugiada, celebrado cada 20 de junio desde 2001, rinde homenaje a las personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo, reconociendo su valentía y resiliencia, y exigiendo que se les garanticen sus derechos humanos, acceso a la justicia y reparación por los daños provocados por el abandono  forzado de sus hogares.

En conmemoración de esta fecha, se realizó el foro “Retos de Costa Rica como país de acogida del exilio nicaragüense”, organizado por Popol Na y Voces Nuestras, con el apoyo de la Embajada de Alemania en Costa Rica, en el Paraninfo de la Universidad Estatal a Distancia. 

El foro analizó la situación de los y las nicaragüenses que resisten desde el exilio en Costa Rica, debido a la persecución y violencia del régimen Ortega-Murillo.

En abril de 2019, siete defensores y defensoras de derechos humanos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) se vieron obligados a salir de Nicaragua. Esto ocurrió después de que, en diciembre de 2018, el gobierno cancelara ilegalmente la personalidad jurídica de su organización y empezara a perseguir y criminalizar a quienes denunciaban los abusos y delitos cometidos por la dictadura Ortega-Murillo.

 

Estos defensores formaron el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más para seguir documentando y denunciando los abusos del régimen. 

 

El Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica, una obra social de la Compañía de Jesús en Centroamérica, promueve el diálogo interreligioso en la búsqueda de la justicia social, con atención a temas de género, espiritualidad, medio ambiente y, principalmente, migración. Además, brinda acompañamiento a personas que han sobrevivido a experiencias de desplazamiento forzado y que enfrentan circunstancias de vulnerabilidad. 

 

La resiliencia de las personas forzadas al exilio es un testimonio poderoso de su capacidad para enfrentar y superar la adversidad. Es esencial que se cumplan sus derechos, se les garantice acceso a la justicia y se les ofrezca reparación por el daño causado por el abandono de sus hogares, familias y vidas. La solidaridad y el apoyo son fundamentales para construir un futuro en el que todos puedan vivir con dignidad y seguridad

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