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Esta semana en conferencia de prensa, integrantes del Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (Sitraa) y la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, advirtieron que la decisión de las autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de cerrar la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), que ejecuta el proyecto de alcantarillado sanitario, generará más “cloacas a cielo abierto”.
Según informaron varios medios de comunicación el 28 de noviembre pasado, el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, Juan Manuel Quesada, anunció el cierre de la unidad a partir del 1 de enero de 2025 argumentando “la obligación de hacer un uso adecuado de los recursos públicos” y que “en este momento no hay una justificación que nos permita ampliar el plazo de funcionamiento de esta unidad ejecutora”.
Se trata del proyecto mediante el cual se conectan las tuberías de las aguas negras de las viviendas del Gran Área Metropolitana conocida como GAM, a la red de alcantarillado sanitario y esta se conecta a su vez a los colectores, para llevar estas aguas residuales a la Planta de Tratamiento de Los Tajos, donde es tratada antes de verterla a los ríos.
El sindicato ha alertado que si no se continúa con el proyecto, van a quedar obras enterradas sin ningún uso y usuarios sin poder conectarse al sistema de alcantarillado, además de que continuarán vertiéndose las aguas residuales a los ríos, los tanques sépticos contaminando las aguas subterráneas, y las conexiones ilegales al sistema seguirán desbordando por las calles al no tener salida.
La diputada del Frente Amplio Rocío Alfaro aseguró que ya Costa Rica tiene cloacas a cielo abierto y que no hay ninguna razón para cerrar la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS).
Desde el SITRAA acusan al jerarca Juan Manuel Quesada y la gerente general, Alejandra Mora, de ignorar el acuerdo de Junta Directiva de destinar fondos al proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, así como la ampliación de su clausura hasta el año 2028. Según la denuncia, las autoridades quieren que Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados absorba las tareas del Programa de Agua Potable y Saneamiento (PAPS), lo cual es irreal dada las limitaciones de personal y de recursos de la institución, la cual apenas cumple, y a veces a destiempo, sus propias responsabilidades.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados, Mario Rodríguez, explicó que fue la propia Sala Constitucional la que en su voto 5894-07, conocido como el “Voto Garabito”, declaró que el río Tárcoles era una “cloaca a cielo abierto” y detalló los últimos sucesos dentro de la institución que les obliga a emitir esta alerta.
En un comunicado emitido antes de que iniciara la conferencia de prensa, AyA afirmó que desmentía categóricamente las afirmaciones sobre “cloacas a cielo abierto” y que reafirmaba “su compromiso por el tratamiento de aguas negras en el país”. Sin embargo, no desmintió el cierre de la unidad ejecutora PAPS y sólo anunció que está “gestionando el financiamiento para completar tres obras de alcantarillado en la GAM.
El 26 de agosto pasado, el Sitraa interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional “por inoperancia, desidia y debilitamiento en la gestión, por parte de la presidencia ejecutiva y la gerencia general, en el mandato constitucional de alcantarillado sanitario y saneamiento del país correspondiente al AyA”. Este recurso aún se encuentra en trámite.
Con información de Fabiola Pomareda del Semanario Universidad, esta fue una nota de Joaquín Tapia Arenas desde Voces Nuestras en Costa Rica.
