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En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves retiró el proyecto de ‘Ley Jaguar’ después de que la Sala Constitucional lo declarara inconstitucional. Este proyecto proponía un referendo para modificar las potestades de la Contraloría General de la República (CGR).
La Sala Constitucional encontró inconstitucionales cuatro de los nueve artículos del proyecto, señalando que limitaban las herramientas de la Contraloría para ejercer sus funciones. La Contralora General, Marta Acosta, celebró esta decisión, subrayando la importancia de mantener la independencia de éste ente rector.
Pese a las fuertes críticas que ha recibido el Presidente por ésta propuesta de debilitamiento del aparato estatal, el Gobierno presentó una nueva versión del proyecto este martes. La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, afirmó que el nuevo texto es “inmaculado en lo constitucional y puro”, y que se mantiene la intención de modificar las potestades de la Contraloría mediante un referendo nacional. Además, Fernández celebró que no se objetaron artículos sobre ‘Ciudad Gobierno’ y una nueva marina en Limón.
La Contraloría se opone al proyecto, argumentando que constituye una regresión en términos de fiscalización y que atenta contra su independencia. Señalaron que las competencias propuestas en la Ley Jaguar representan un retroceso en la lucha contra la corrupción y en la evolución de la fiscalización moderna.
La información completa en la siguiente nota de nuestra compañera de Voces Nuestras Génesis R. Cruz
